Las esterilizaciones forzadas en Perú y el legado de Alberto Fujimori: una violación a los derechos humanos
Durante la década de 1990, el gobierno del expresidente peruano Alberto Fujimori implementó un programa de esterilizaciones forzadas que impactó principalmente a mujeres indígenas y de bajos recursos. Bajo la justificación de combatir la pobreza y el crecimiento poblacional, se estima que entre 1996 y 2000 alrededor de 300,000 personas, en su mayoría mujeres, fueron sometidas a procedimientos de esterilización sin su consentimiento informado.
Estas políticas, que fueron parte de un programa de planificación familiar impulsado por el gobierno de Fujimori, constituyen una violación flagrante de los derechos humanos y han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad por diversas organizaciones internacionales. La esterilización forzada va en contra de los principios de autonomía, dignidad y sexualidad de las mujeres, y representa una grave vulneración de sus derechos reproductivos.
La comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha condenado en repetidas ocasiones estas prácticas y ha instado al Estado peruano a investigar de manera exhaustiva y garantizar justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas. La ONU considera que esta forma de violencia de género constituye una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación basada en el género.
Es necesario que se reconozca y se repare el daño causado a las víctimas de esterilización forzada en Perú, así como se implementen medidas para prevenir futuras violaciones a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. La lucha por la justicia y la igualdad de género debe ser prioritaria en la agenda de cualquier sociedad que aspire a un desarrollo inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.
